“Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía”
John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico.

“La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos; la educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos”
Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

“Enseñar no es una función vital, porque no tienen el fin en sí misma; la función vital es aprender”
Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

“Estoy firmemente convencido de que nadie educa a otro,en el mejor de los casos, sólo propiciamos, contagiamos que otros se eduquen a sí mismos”
Abel Pérez Rojas (1970-) Educador mexicano

“Por cada persona que quiere enseñar, hay, aproximadamente, treinta personas que no quieren aprender”
Walter C. Sellar (1898-1951) Humorista británico.

“La tarea del educador moderno no es podar las selvas, sino regar los desiertos”
Clive Staples Lewis (1898-1963) Escritor británico.

“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”
Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor español.

“Educarse anclado al pasado es empezar a morir”
Abel Pérez Rojas (1970-) Educador mexicano.

“Cuando hay crisis pensamos que está afuera. En el presupuesto, en la falta de infraestructura y de tecnología, y que si hubiera Internet en la escuela todos se salvarían. Es un error en el que nos regodeamos, pero la verdad es que no hay otra crisis que la de adentro, la de la incapacidad de romper con los modelos dados y reemplazarlos por otros, mejores”. Jayme Barylko (La revolución educativa, 2002, Edit. Sudamericana)

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón” H. Hendricks

Fuente: www.adefyn.com.ar

La Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) invita a participar de la disertación sobre la nueva Ley de Jubilación docente universitaria. Será en el marco de las Jornadas de debate y discusión sobre “Empleo público universitario y derechos de los trabajadores docentes”. Viernes 13 de agosto a la hora 16

Tema: La nueva Ley de Jubilaciones de los docentes universitarios. Régimen Jubilatorio Especial Docente Universitario – Ley 26.508 – Resolución N° 33/09 SSS – Ordenanza H.C.S N° 02/2010

Panelista: Dr. Aníbal PAZ (Ab. Laboral/Previsionalista) Asesor Legal de ADIUC, Asesor Legal y Apoderado de FAGDUT, Asesor Legal y Apoderado de ADEFyN, Asesor legal y apoderado de FUNAM, Columnista de Comercio y Justicia.

Día: Viernes 13 de agosto de 2010 – Hora: 16 – Lugar: Auditorio de la Escuela de Ciencias de la Información. Ciudad Universitaria. Destinado a: docentes universitarios, abogados, estudiantes y público en general.

Informes e inscripción: lunes a viernes, de 10.30 a 20 hs. en sede de ADIUC. Félix Olmedo 2294 esquina Mateo Luque. Bº Rogelio Martínez (ver mapa) Teléfono: (0351) 468-1439 – Por correo electrónico: adiuc@adiuc.org

* Se otorgarán certificados

FUENTE: IDESA

Argentina acumula muchos fracasos, pero ninguno de la magnitud y trascendencia que tiene el fracaso educativo. El problema de fondo es que se ha internalizado que la prioridad, exclusiva y excluyente, es aumentar el gasto en educación, cuando lo importante para el desarrollo social no es la cantidad de recursos que se asignen, sino la cantidad y calidad de los servicios educativos que se logren con esos recursos. Un ejemplo paradigmático de esta incorrecta asignación de prioridades es el esquema de determinación de salarios en el que la Nación fija aumentos para los docentes que deben ser pagados, casi en su totalidad, por las provincias.

Según la CEPAL, el 18% de los jóvenes argentinos en edad de concurrir a la secundaria ha abandonado y un 14% adicional es candidato a hacerlo dado que está muy retrasado. La evaluación PISA de la OECD señala que en términos de calidad educativa, la Argentina se ubica, dentro de Latinoamérica, en quinto lugar detrás de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, y que el 58% de los jóvenes de 15 años no tiene capacidades básicas de lectura. La evaluación del Ministerio de Educación nacional, la ONE 2007, sostiene que sólo el 20% de los jóvenes que terminan la secundaria demuestran tener un nivel de desempeño alto, en una prueba cuya exigencia es relativamente modesta. La acumulación de evidencias, más allá de las precauciones y matices que merece cada indicador, permite concluir que el fracaso del sistema educativo argentino es claro y contundente.

Aunque son muchas las causas del fracaso, una de fundamental importancia es que está profundamente internalizado que la meta principal en el sector de la educación es aumentar el gasto. El esquema de determinación de los salarios docentes resulta particularmente ilustrativo de las consecuencias de guiarse por este objetivo. Datos del Ministerio de Educación nacional para un maestro con 10 años de antigüedad permiten observar que:

• En promedio para todo el país el salario es de aproximadamente $2.400 de los cuales el 93% lo pagan las provincias y sólo el 7% lo paga la Nación.
• En un extremo, en Formosa la remuneración del maestro es de $1.769 donde el 91% es pagado por la provincia y el 9% lo abona la Nación
• En el otro extremo, en Santa Cruz el salario docente llega a $4.235 donde el 96% es pagado por la provincia y sólo el 4% restante lo abona la Nación.

Los datos señalan que, si bien desde hace algunos años la Nación complementa el financiamiento del salario docente, en ningún caso –incluso en las regiones más atrasadas– llega a cubrir más del 10% de los costos. Esto desnuda las inconsistencias de un esquema de negociación salarial a través del cual el Estado nacional fija aumentos docentes, pero que mayoritariamente deben ser afrontados por las provincias con recursos propios. El aporte nacional más que una “ayuda”, constituye un rudimentario paliativo.

Esta forma de negociar los salarios es consistente con la idea, profundamente arraigada entre gran parte del sistema político e incluso de muchos de los expertos y organizaciones dedicadas al análisis de las políticas educativas, de que la meta principal y excluyente del sistema educativo es maximizar el gasto, independientemente de los resultados que se alcancen con ellos. En el marco de este consenso se han ido gestando varias normas que fijan compromisos de aumentos de gasto, como la Ley de Financiamiento Educativo. Pero no hubo una similar dedicación por establecer mecanismos para que este mayor esfuerzo financiero reditúe en mejoras de los servicios de educación.

Formalmente, las provincias son las responsables directas de la gestión de la educación. Pero la concentración de recursos a favor de la Nación indujo a despilfarros tales como, por ejemplo, asignar $2.300 millones para cubrir el déficit de Aerolíneas Argentinas en el año 2009. Con esos recursos se podría incrementar en más de un 20% el presupuesto educativo de las provincias del NOA y el NEA. En este contexto distorsionado, donde 2 de cada 3 pesos recaudados son apropiados por la Nación, cuando la educación es poco relevante dentro del presupuesto nacional (6% del total del gasto) pero decisiva dentro del gasto público provincial (aproximadamente 25% en promedio), se diluyen las responsabilidades provinciales por la mala calidad de los servicios.

Es fundamental sustituir el paradigma de priorizar “aumentar el gasto” por el de “aumentar la cantidad y calidad de los servicios educativos”. Cuanto este cambio se internalice será clara la necesidad de desactivar la apropiación de fondos por parte de la Nación para evitar el despilfarro y que las provincias cuenten con los recursos necesarios. El otro gran paso es que la Nación deje de interferir en la negociación de salarios docentes y se concentre en monitorear los resultados educativos de cada provincia a los fines de generar consensos y presión social a favor de tener más y mejores servicios de educación.

Por Aníbal Paz

Publicado en Comercio y Justicia, Seccion Leyes y Comentarios, el 19-02-10.-

La problemática implementación práctica de la nueva edad jubilatoria para los docentes universitarios torna necesaria una revisión sobre la extensión de las facultades autonómicas de las entidades de educación superior a lo largo y ancho del país. Especial referencia a los estatutos de la U.N.C., U.T.N. y U.B.A.

KEY WORDS: Introduccion – Edad Jubilatoria vs. Autonomía universitaria – Los cargos interinos y la precarización laboral del docente universitario – opción de permanencia hasta los 70 años de edad – Particularidades de los estatutos universitarios: la UTN, la UNC y la UBA – conclusiones.-

LEER COMENTARIO COMPLETO AQUI.-

+ Info:

LA LEY 26508 Y LA NUEVA JUBILACION ESPECIAL PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS

Vease también:

Jubilación Docente
Derechos del Docente

Fuente:

www.estudioanibalpaz.com.ar

Por Aníbal Paz, publicado en  COMERCIO Y JUSTICIA el 25/09/2007.-

Introducción.
Recientemente se anunció desde el Ejecutivo Nacional la presentación de un nuevo proyecto de ley que promete devolver el 82% a los docentes universitarios jubilados. Resulta que dicha promesa no incluye la pauta de movilidad. Esto ha traído nuevamente el tema de la movilidad de las jubilaciones y pensiones al centro de la escena. Pues bien, trataremos de aclarar el panorama. Comenzaremos los antecedentes del tema para luego definir quienes pueden acceder a una jubilación móvil, desde luego, a través de reclamos judiciales, ya que la movilidad, propiamente dicha, hoy en día no existe en nuestro país.

Régimen General.
Para diferenciar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) creado por ley 24241, de los distintos Regímenes Especiales (RE) existentes, lo llamaremos Régimen General (RG) de jubilaciones.
Resulta que los jubilados del RG no alcanzan el tan mentado haber jubilatorio del 82% con respecto al último salario en actividad. Podríamos decir que con suerte ese haber es del orden del 50%. Adicionalmente a partir de la sanción de la Ley 24.463 de Solidaridad Previsional (LSP) allá por 1995 los jubilados del RG tampoco pueden gozar de jubilaciones móviles.
Vayamos por partes. Comencemos por determinar que debe entenderse por “movilidad”. Según el Art. 14bis de nuestra Constitución Nacional (CN) las jubilaciones y pensiones deben ser móviles. Estas eran móviles hasta la época de la sanción de la LSP. Hasta ese momento las jubilaciones se incrementaban en la misma proporción que los salarios de los activos. Es decir que la movilidad de una jubilación debería estar atada a la evolución del salario en actividad del último cargo que desempañaba el jubilado. Obviamente desde el Estado, principalmente por problemas financieros, siempre le “hicieron trampa” a la movilidad, pero no obstante ello, cada tanto se otorgaba. Las trampas consistían en, por ejemplo, mantener en secreto el índice de evolución de los salarios. Además los fondos de las distintas cajas jubilatorias siempre estuvieron sujetos a los vaivenes políticos e institucionales del país.
Con la LSP se cambió el mecanismo para otorgar aumento por movilidad a los jubilados. A partir de su sanción, los incrementos jubilatorios debían ser dispuestos por el Congreso de la Nación, anualmente, al tratar la Ley de Presupuesto para cada ejercicio. La movilidad ya no estaría nunca más atada a la evolución de los salarios. Resulta que en los trece años que lleva vigente el sistema creado por la LSP nunca ha hecho uso el Congreso de la facultad de incrementar las jubilaciones.
Luego de la crisis de 2001/2002, la salida de la convertibilidad determinó la necesidad de incrementar los haberes jubilatorios, que habían quedado muy relegados. Ante la inacción del Congreso, fue el Poder Ejecutivo, por Decreto, quien empezó a recomponer la situación de los pasivos. Así es hasta hoy.
Varios problemas presenta este mecanismo en que la movilidad es otorgada por decreto. El primer problema es que la movilidad que se otorga por ésta vía es arbitraria, ya que no se otorga de acuerdo a un índice determinado – más allá de la desconfianza que está instalada hoy en día sobre los índices oficiales. El menú de índices a tomar como referencia es amplio: de inflación, de salarios, de costo de vida, de canasta básica, etc. El segundo problema es que la movilidad otorgada por decreto ha achatado la diferencia entre las jubilaciones altas y las bajas. Esto significa que, con buen criterio, se ha otorgado mayores incrementos a las jubilaciones mínimas y a las bajas que a las jubilaciones medias y altas. A modo de ejemplo en el mismo período las jubilaciones mínimas se han incrementado alrededor de un 400% mientras que las jubilaciones medias y altas en tan sólo 40%. [La evolución salarial en el mismo lapso ha sido del entre el 90 y el 100%]. El tercer problema que hemos detectado es que este mecanismo de movilidad es utilizado para obtener réditos políticos. En efecto, se benefician más los gobernantes de la propaganda positiva que estas cuestiones de gran relevancia social generan, que los propios jubilados, quienes siempre van “corriendo desde atrás” a la inflación.
Entonces los jubilados y pensionados del RG se ven obligados a acudir a la Justicia a través de los denominados Juicios de Reajuste, juicios largos, si los hay, pero muy rentables y fácilmente ganados por la totalidad de quienes lo intentan. Basta un solo dato al respecto, desde la salida de la convertibilidad el Estado ha perdido unos 100000 juicios de este tipo en todo el país, lo que representó una erogación de unos 2000 millones de pesos en concepto de movilidades no otorgadas. En trámite actualmente existen otros tantos juicios en el país.
El único problema que presenta este tipo de juicios es el cobro de lo adeudado por el Estado al jubilado. La recomposición de haberes es inmediata, lo que queda diferido es el cobro del retroactivo. Nuestros jubilados, una vez concluido el respectivo juicio, cobran ese retroactivo en Bonos Previsionales, a plazo, con lo cual si necesitan liquidez, deben venderlos a valor de plaza, perdiendo dinero. No todos los jubilados que han recibido bonos pueden esperar la fecha de vencimiento, en muchos casos son los herederos quienes perciben el importe.
Si bien la problemática de los jubilados en relación al cómputo del haber inicial, a la recomposición por movilidad y a los retroactivos no se agota aquí, en este punto nos detenemos en aras a la brevedad.
Pese a todo, es la única vía de recomposición por movilidad de los haberes de jubilados y pensionados nacionales.

Regímenes Especiales.

En relación con la movilidad de las prestaciones para los beneficiarios de los Regímenes Especiales (RE), esto es a aquellos comprendidos, entre otras, en las leyes 22.731, 24.016 y 22.929 -respectivamente referidas a los RE correspondientes a Funcionarios Superiores del Servicio Exterior de la Nación, a los Docentes de nivel inicial y medio, a los Docentes Universitarios con Dedicación Exclusiva, y a los Investigadores y Científicos de CONICET, INTA, INTI, CNEA, etc.- encontramos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que señalan que leyes 22.731, 24.016 y 22.929 se encuentran plenamente vigentes -lo que incluye su pauta de movilidad- y que han quedado al margen de las disposiciones de las Leyes 24.241 (SIJP) y 24.463 (LSP). En todos los casos, además de la pauta de movilidad, los beneficiarios se jubilan con un haber que es de entre el 82% y el 85% del último cargo.
No obstante la contundencia de los antecedentes jurisprudenciales, los sujetos comprendidos en las leyes 22.731, 24.016 y 22.929, deben acudir por vía judicial a obtener el reconocimiento de su pauta de movilidad, ya que ANSES continúa sistemáticamente negándose a aplicarla. Paradójicamente en una Circular interna de ANSES se ordena la aplicación de la pauta de movilidad, cuando así lo requieran quienes ostentan sentencias favorables.
De acuerdo a lo dispuesto por la CSJN, a los Regímenes Especiales les corresponde la movilidad de sus prestaciones de acuerdo con la evolución general de los salarios.

Docentes Universitarios.
El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al congreso el día 24/08/07, que es el detonante del presente artículo, tan sólo soluciona de manera parcial el largo reclamo de los Docentes Universitarios (DU).
Por un lado, lo que constituye un gran avance es el hecho de que los DU serían equiparados a los docentes de nivel inicial, medio y terciario no universitario: El haber mensual de las jubilaciones ordinarias será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondiente a los últimos SESENTA (60) meses.
Pero aquí comienzan los problemas. Por un lado si se aprueba este proyecto de ley, se eliminará una clara desigualdad injustificada que existía: los Docentes primarios, secundarios, terciarios y, dentro de los universitarios, sólo aquellos con dedicación exclusiva (DE) podían acceder a la jubilación con el 82% u 85% del último cargo. Habían sido dejados de lado los docentes universitarios con dedicaciones simples (DS) y semi exclusivas (DSE). Entonces decimos que se eliminaría una desigualdad del sistema. Pero se genera otra: a los docentes primarios secundarios y terciarios se les aplica el 82% sobre el último cargo, mientras que el proyecto de ley que tratamos prevé para los DU con DS y DSE el 82% calculado sobre un promedio, si bien actualizado, de los últimos cinco años.
No consideramos que exista una desigualdad entre los DU con DS y DSE con respecto a los DU con DE, debido al hecho de que éstos últimos perciben un haber del 85% del último cargo. Y decimos que no hay desigualdad porque éstos últimos han sido equiparados a los Investigadores y Científicos, con los fundamentos que ya hemos explicado en otras oportunidades y que por razones de espacio aquí no reproduciremos.

Pero lo más penoso es que se les ha privado nuevamente de acceder a una jubilación móvil, tal como lo consagran la Constitución Nacional en su Art. 14 bis y las leyes referidas. Esto implica que para acceder a ella, los DU deberán acudir judicialmente a solicitar lo que les corresponde: la movilidad de su haber jubilatorio, tal como lo hacen los demás beneficiarios de RE.

Muchos se preguntan cuál es la importancia de la movilidad. El tema de la movilidad de las jubilaciones es tan o más importante que el porcentaje del haber inicial de jubilación con relación al sueldo en actividad. Acceder a la Movilidad implica que los haberes jubilatorios no estarán congelados por largos años, tal como ha sucedido, sino que cada aumento para los activos repercute en el haber de los pasivos. La movilidad es de particular importancia en épocas inflacionarias – como la actual, más allá de lo que diga el INDEC. Esto es así por que, dadas las tasas inflacionarias actuales, el haber jubilatorio en un par de años pierde el 30% de su poder adquisitivo.

¿Quienes pueden reclamar la movilidad entonces?
1- Docentes Universitarios con Dedicación Exclusiva: Se jubilan con el 85% del último cargo. En su recibo de sueldo se descuenta el decreto 160/05 o ley 22929.
2- Investigadores y Científicos: Se jubilan con el 85% del último cargo.
En su recibo de sueldo se descuenta el decreto 160/05 o ley 22929.
Deben prestar tareas en el CONICET, INTA, INTI, CNEA, FFAA, etc.

3- Docentes de Nivel Inicial, Medio y Terciario no universitario:
Se jubilan con el 82% último cargo. En su recibo de sueldo se descuenta el decreto 137/05, o ley 24016.
4- Docentes Universitarios con Dedicación Simple o Semi Exclusiva: Aún se trata de un proyecto de ley no aprobado ni reglamentado. Se jubilarían con el 82% del promedio de salarios de los últimos 5 años en actividad. Se les aplicaría el mismo régimen de la ley 24016, modificándose las edades jubilatorias.
En todos los casos la jubilación a otorgarse no es móvil. Los haberes estarían congelados y sujetos a la voluntad de actualizarlos del político de turno. Para acceder a la jubilación móvil es necesario un reclamo judicial. Pueden reclamar judicialmente los docentes en actividad, que es lo recomendable, o bien cuando ya han pasado a retiro.

Perspectivas.
Desde la CSJN se ha generado la necesidad de fijar un mecanismo automático de actualización de las jubilaciones. A través de ejemplares Fallos en los últimos tiempos se ha revertido la anterior tendencia. Ahora los ministros del la Corte son más propensos a otorgar todo tipo de beneficios a favor de la clase pasiva.
Actualmente la CSJN tiene en carpeta el estudio de un mecanismo de actualización “automático” de las jubilaciones. Pero esto sólo sería posible para todos los jubilados que acudan ante la Justicia, ya que la CSJN no tiene potestades Legislativas. Tampoco las tiene el Ejecutivo.
Esta nueva composición de la Corte ha puesto al Poder Ejecutivo en la necesidad de buscar un mecanismo de ajuste de las jubilaciones. Por ahora se encuentra en estudio dicho mecanismo, el cual se presentaría ante el Congreso para su aprobación. Es probable que, como medida de campaña electoral, tengamos novedades antes de las elecciones presidenciales. También puede convertirse en el primer anuncio rimbombante, de ganar la candidata oficial, tal como hizo el actual presidente al asumir su gestión.
Pero no nos dejemos engañar fácilmente, a los beneficiarios de RE les corresponde la pauta de movilidad en relación con la evolución salarial del último cargo que desempeñaban mientras estaban en actividad. Si se selecciona cualquier otra opción del menú que detallamos más arriba, seguramente será menos conveniente que la evolución salarial, con lo cual los reclamos judiciales seguirán prosperando, ya que las diferencias son grandes entre un índice y otro.
En cuanto a los beneficiarios del RG podemos decir que es muy complicado financieramente otorgar una pauta de movilidad a la generalidad de los pasivos. Máxime cuando ya se encuentra cuestionado el sostenimiento a futuro de las prestaciones sin aportes y los incrementos acordados que ha otorgado este gobierno. La asignación de recursos específicos para el sostenimiento de las prestaciones previsionales recae sobre variables coyunturales que actualmente favorecen la expansión del gasto en prestaciones. Debe tenerse en cuenta que a raíz de la reforma de la ley 26222 ANSES se ha visto beneficiada con un ingreso de capitales importante, pero, por génesis, único. A cambio tiene que financiar a futuro muchas más jubilaciones y pensiones.
En síntesis, el sostenimiento genuino del sistema previsional está en duda para los próximos diez o quince años, por una serie de factores que no entraremos a analizar. En ese marco es muy difícil que se apruebe un mecanismo de movilidad automática de las jubilaciones y pensiones que sea acorde a la realidad. Otra cuestión a tener en cuanta es que aparentemente no estaría en estudio la derogación de la LSP, lo cual nos genera un sinnúmero de interrogantes a la hora de determinarse cómo será la aplicación práctica de estos mecanismos de ajuste proyectados.
Debe dejarse muy en claro que cualquier medida que se disponga seguramente dejará de lado los retroactivos, es decir lo que el estado le adeuda a cada jubilado y pensionado por movilidades adeudadas. Esto generará una nueva corrida a tribunales, sobre todo de aquellos jubilados que perciben haberes por encima de la mínima, ya que como dijimos supra, los reclamos son altamente rentables.
En el mejor de los casos se aplicará un ajuste, a futuro, de acuerdo a las mediciones poco creíbles – y en apariencia manejadas- del INDEC, el cual será lo suficientemente importante como para que quien lo anuncie saque su rédito, pero insuficiente para los jubilados.

Epílogo.
La clase pasiva puede esperar alguna novedad importante en los próximos meses. Pero es de capital importancia para la defensa de sus derechos y para percibir lo que les corresponde que no se dejen engañar con fabulosos anuncios. Pasado el fervor mediático será necesario analizar detenidamente cualquier novedad y descubrir los verdaderos pormenores.
Mientras no se ajusten todas las jubilaciones por el nivel de los salarios, como se hizo históricamente, y mientras no se satisfagan los reclamos por lo no abonado por retroactivos, el Estado Nacional deberá seguir disponiendo de partidas presupuestarias enormes a los fines de hacer frente a los juicios de carácter previsional.-

Aníbal Paz

(Por Aníbal Paz, Publicado en COMERCIO Y JUSTICIA el 07/04/2006)

Jubilaciones especiales con el 85% del haber: Se permite la movilidad, la retroactividad y el traspaso de fondos para los docentes, investigadores y cientificos. Costas.

Con motivo de la sanción del Decreto del P.E.N. Nº 160/05 y sus reglamentarias en marzo de 2005, publicamos en este mismo medio un análisis de la situación jurídica de los beneficiarios del mismo y nos planteamos una serie de interrogantes sobre temas que aún no estaban resueltos. Pues bien, transcurrido un año de aquella fecha, las lagunas que quedaban han sido saldadas favorablemente en la justicia acogiendo en su totalidad las diversas demandas iniciadas contra la ANSES.

REGIMENES ESPECIALES
Los regímenes especiales de jubilación para los docentes, investigadores y científicos – entre otros beneficiarios – fueron derogados todos – inconstitucionalmente – por el Dec. 78/94. Los beneficiarios de los regímenes especiales pasaron a engrosar entonces el régimen instituido por la Ley 24.241.

Así, quienes se vieron perjudicados, iniciaron acciones de inconstitucionalidad contra dicho decreto, lo que les devolvió al régimen original que fue injustamente derogado.

MOVILIDAD
Ahora bien, el Dto 160/05 restituyó a partir de mayo de 2005 parcialmente los beneficios de la Ley 22.929 y sus modificatorias (que es la creadora del Régimen Especial de Jubilación para docentes, investigadores y científicos), otorgándole, a quienes están comprendidos en el ámbito de aplicación subjetiva de la misma, el tan ansiado 85% sobre el haber del personal en actividad. Si bien esto es un notable avance, nada se dice acerca de la movilidad de las prestaciones, que es otro de los beneficios que originalmente preveía dicha ley.

Lo que sucede es que el régimen especial no ha renacido en su forma originaria. Sino que continua inconstitucionalente derogado por el dto. 78/94, que sigue parcialmente vigente.

La movilidad, como es sabido, a partir de la sanción de la Ley 24.463 (de Solidaridad Previsional), está sujeta a la Ley Anual de Presupuesto de la Nación. Ello impide en consecuencia la movilidad cuando hay incrementos salariales para el personal en actividad.

La justicia se ha pronunciado en el sentido que: si el régimen especial de la ley 22.929 fue derogado inconstitucionalmente, por el dec. 78/94, debe declararse su PLENA VIGENCIA, LO QUE INCLUYE SU PAUTA DE MOVILIDAD.

Una vez sancionado y operativo el dec. 160/05 no tenía razón de ser el reclamo por vía judicial de aquellos jubilados que pretendían una prestación del 85%, ya que esto les fue otorgado por el referido decreto. Quedaba entonces, como único objeto de las acciones, el de conseguir un pronunciamiento acerca de la movilidad. Y este pronunciamiento ha sido expreso y categórico: si se declara la vigencia del régimen especial – de la ley 22.929 – lo será en todos sus puntos – lo que incluye la movilidad – no pudiendo aplicarse las prescripciones de la ley de solidaridad previsional por cuanto ésta es modificatoria del régimen general de la ley 24.241 y no de los regímenes especiales.

RETROACTIVIDAD
Quienes en la actualidad se encuentran comprendidos por la ley 22.929 deberán realizar un aporte adicional del 2% hasta la fecha de su jubilación para acceder a una prestación con el 85%, sin importar de que se encuentren en el Régimen de Capitalización o de Reparto.

El dec. 160/05 prevé el caso de aquellos que estuvieran jubilados al momento de la sanción del mismo, y que estando comprendidos por la ley 22.929 se jubilaron por el Régimen General. A pedido de parte, la ANSES establecerá un Registro Especial y les otorgará el monto que les falte hasta llegar al 85%, a partir de la fecha de petición expresa. Ello sin necesidad de integrar nuevos aportes.

La justicia ha entendido que quienes obtengan para sí la declaración de inconstitucionalidad del dec. 78/94 se hacen acreedores a la prestación que prevé la ley 22.929 desde el día en que efectivamente se jubilaron, por entender que el régimen especial en cuestión nunca debió haber sido derogado, ya que lo fue de una manera irregular.

Subsiste aun un último interrogante a saldarse en futuras acciones: a mi entender no es necesario que quienes se encuentran en la situación analizada en el párrafo anterior
deban integrar aportes faltantes, ya que si el dec. 160/05 no exige integración de aportes hacia atrás en el tiempo, tanto a aquellos que se encuentran en actividad, como aquellos que ya pasaron a retiro, es porque se persigue un fin superior, cual es el de reconocer a nuestros docentes, científicos e investigadores lo que les corresponde y lo que les ha correspondido desde siempre, y para que no deban cargar con una erogación extra al lograr la prestación que se les debe.

TRASPASO DE FONDOS
A partir de la sanción Dec. 56/94 se estableció que los aportantes al SIJP (ley 24.241) deben optar por el Régimen de Reparto o el de Capitalización. En el entendimiento de que el dec. 56/94 es modificatorio del Régimen General – es decir del SIJP – y que en virtud de la inconstitucionalidad del dec. 78/94, quienes se encontraban comprendidos por la ley 22.929 no debieron haber hecho nunca la opción prevista. En otras palabras, quienes eran científicos investigadores y docentes nunca debieron haber hecho la opción por el Régimen de Reparto o el de Capitalización, ya que dicha opción corresponde sólo a los afiliados al SIJP y no a los aportantes a regímenes especiales.

Ello ha sido reconocido por la justicia, ordenándose el traspaso de los fondos aportados a las AFJP al Régimen Especial de la ley 22.929. Ello significa el retorno de dichos fondos al Estado a través del organismo de aplicación: ANSES.

COSTAS
De acuerdo a todo lo manifestado supra, la ley 24.463 no resulta aplicable a los casos analizados porque es modificatoria del SIJP y no de leyes especiales. Recordemos que por aquélla ley las costas deben imponerse por el orden causado (Art.21 L. 24.463) y nunca contra la ANSES. En consecuencia las costas se han impuesto de acuerdo con diversas disposiciones del codigo ritual a la parte perdidosa: ANSES.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Los beneficios establecidos por el Régimen Especial de la ley 22.929 no se encuentran vigentes en su totalidad. Con la sanción del Dec.160/05 sólo se les reconoce a sus beneficiarios una jubilación digna del 85% sobre el haber del personal en actividad. Pero el beneficio de la movilidad ha sido nuevamente olvidado.

Quienes actualmente se desempeñan como investigadores y/o científicos en, inter alia, el CONICET, el INTA, el INTI y aquellos docentes universitarios con dedicación exclusiva, que realicen actividades científicas o de investigación, deben concurrir a la ANSES a los fines de peticionar su inclusión en el denominado “Régimen Especial para Investigadores Científicos y Tecnológicos”.

Ello determinará, para quienes se encuentran en actividad, que deberán aportar un 2% adicional para obtener la prestación en cuestión.

Los pasivos deberán concurrir igualmente a la ANSES y – sin necesidad de aportes adicionales – comenzarán a percibir la prestación ya mencionada.

Pero, tanto los activos como los pasivos, quedan habilitados a partir de los pronunciamientos que han sido objeto de análisis de la presente columna, a peticionar por vía judicial el reconocimiento de la movilidad de sus prestaciones. Y esto es así por cuanto la ANSES continúa aplicando las prescripciones de la ley 24.463, que, como ya vimos, no procede frente al Régimen Especial de que se trata. Y aun más, los pasivos, podrán reclamar que las prestaciones se retrotraigan a la fecha efectiva del pase a retiro.

Como se observa, la solución a que ha arribado el P.E.N., al sancionar el dec. 160/05 (y su reglamentaria Res. 41/05), no es completamente satisfactoria. Y ANSES continúa negando sistemáticamente el otorgamiento de la movilidad. Por ello nuestros científicos, investigadores y docentes se ven obligados a continuar batallando en tribunales para defender sus derechos, tal como lo vienen haciendo desde el año 1994, fecha en que se derogó indebidamente su bien merecido Régimen Jubilatorio Especial.- ]]> http://www.derechosdeldocente.com.ar/2010/01/jurisprudencia-regimenes-jubilatorios-especiales.html/feed 1 http://www.derechosdeldocente.com.ar/2010/01/77.html http://www.derechosdeldocente.com.ar/2010/01/77.html#comments Thu, 21 Jan 2010 05:01:01 +0000 Dr. Anibal Paz http://www.derechosdeldocente.com.ar/?p=77 UNA REPARACION HISTORICA Por Aníbal Paz PUBLICADO EN COMERCIO Y JUSTICIA EL 01/03/2005 Renace el sistema jubilatorio especial para investigadores, cientificos y docentes universitarios. Las idas y vueltas de un sistema que injustamente habia sido derogado debido a una serie de errores de técnica legislativa. El Regimen de la ley 22.929: su ámbito de aplicación. [...]]]> UNA REPARACION HISTORICA

Por Aníbal Paz

PUBLICADO EN COMERCIO Y JUSTICIA EL 01/03/2005

Renace el sistema jubilatorio especial para investigadores, cientificos y docentes universitarios. Las idas y vueltas de un sistema que injustamente habia sido derogado debido a una serie de errores de técnica legislativa.

El Regimen de la ley 22.929: su ámbito de aplicación.

El dia 27/09/83 se sanciona la ley 22.929 que instaura un regimen jubilatorio especial, que prevé una jubilación del 85% movil de la remuneracion total, incluyendo suplementos y compensaciones, del personal de igual cargo en actividad. Las leyes 23.026 y 23.626 modifican a la anterior, con lo que el ambito de aplicación del sistema es el siguiente: investigadores y cientificos que realicen sus actividades en organismos tales como el CONICET, INTA, INTI, CNEA, etc y para los docentes universitarios de universidades nacionales con dedicacion exclusiva que se dediquen a actividades tecnico-cientificas de investigacion o de direccion de dichas actividades. El régimen de la ley 22.929: ¿siempre estuvo vigente? A lo largo de los años, el regimen especial que tratamos, ha seguido un camino sinuoso: las leyes 22.929 y sus modificatorias 23.026 y 23.626 – en adelante ley 22.929- fueron derogadas por la ley 23.966 en agosto de 1991 y posteriormente, en el mes de diciembre de dicho año, la ley 24.019 restablece su vigencia. Con motivo de sancionarse en el año 1994 el régimen del SIJP, mediante art. 168 de la ley 24.241, quedaron sin vigencia las leyes 18.037 to 1976 y 18.038 to 1980, sus complementarias y modificatorias. Y en concordancia con lo dispuesto por el art. 191 de la misma, que establece que las normas que no fueren expresamente derogadas mantienen su vigencia, el PEN dicta en el año 1994, el decreto reglamentario 78/94 que deja sin vigencia, entre otros, al regimen de la ley 22.929. En primer lugar, la ley 22.929 no es complementaria ni modificatoria de la ley 18.037, pues aquella crea un regimen previsional especial que remite a la segunda en aquello que no fuera modificado por la primera, es decir que la L. 18.037 es complementaria de la L. 22.929 y no al revés. Esto significa que el dto. 78/94 avanza sobre lo dispuesto por el Art. 168 de la L. 24.241, derogando leyes que no son complementarias ni modificatorias de la misma. En segundo lugar, se puede observar a las claras un error importante de técnica legislativa: hay que distinguir, por un lado, los decretos reglamentarios, en los cuales el PEN modela los pormenores y detalles de la ley para hacerla efectiva, y por el otro, los reglamentos delegados, mediante los cuales el PEN crea la ley luego de haber recibido una expresa delegación de facultades que permita al Ejecutivo legislar sobre cuestiones que competen al poder Legislativo. En consecuencia, en el caso que analizamos, el PEN, con la sanción del dto. 78/94 se extralimitó en sus facultades, contradiciendo lo preceptuado por el art. 99 de la C.N. En tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. Cabe citar a modo de ejemplo las siguientes palabras: “el Poder Ejecutivo, mediante el dictado del decreto 78/94…se extralimita en sus facultades, pues no existe ninguna delegacion legislativa que permita a dicho poder constituido abrogar el régimen de la ley 22.929 mediante tal decreto, e introduce al tratamiento de una cuestión ajena a la competencia que le asigna el art. 99 de la Constitución Nacional.” (CNFed Contencioso-Administrativo, sala V 1999/03/29 – Boerio, Juan y ots. C/Estado Nacional). Si la ley que es objeto de reglamentación no derogó normas de igual jerarquía, un decreto reglamentario no puede hacerlo. En tercer lugar, y en cuanto a la inconstitucionalidad del dto. 78/94, encontramos un antecedente interesante: el Dto. 925/01 del PEN – hoy derogado – autorizaba a los representantes del Estado Nacional a allanarse en todas aquellas causas judiciales en las que los demandantes plantean la inconstitucionalidad del dto. 78/94 y la consecuente vigencia del regimen de la L. 22.731 (regimen jubilatorio especial del Servicio Exterior de la Nacion, y análogo al regimen de la L.22.929) Por último, en el año 2002 se sanciona la L. 25.668 y ésta deroga en su art. 1º a los regimenes jubilatorios que consideraba “privilegiados”(los de las leyes 22.731, 24.018 y 21.540). En las deliberaciones previas a la sanción de la misma, se advierte el esfuerzo por aclarar que el régimen instituido por la ley NO es un régimen previsional privilegiado, sino un régimen ESPECIAL, atento a la finalidad que persigue- que trataremos infra. Con estos fundamentos No fue derogada la ley 22.929 por la ley 25.668. Pero con posterioridad el dto. 2322/02 del PEN veta parcialmente la L. 25.668 restableciendo la vigencia de las leyes que ésta derogó. Pero se omitió la derogacion del dto. 78/94 que mantenía inconstitucionalmente derogado el régimen de la ley 22.929. La situación juridica que deriva de todo esto es la siguiente: los beneficiarios de la ley 22.929 se vieron obligados a accionar contra el Estado por la inconstitucionalidad del dto. 78/94, ya que el Congreso NO derogo la ley 22.929; NI el Congreso NI el PEN derogaron el dto. 78/94. y que los otros regimenes especiales que fueron indebidamente derogados por el dto. 78/94 cobraron vigencia nuevamenete gracias al dto. 2322/02. Los investigadores y cientificos fueron injustamentye relegados y olvidados, no obstante la importancia que deberían tener para el Estado. Régimen Privilegiado no es lo mismo que Regimen Especial. Mientras un privilegio establece distinciones entre iguales sin mayores fundamenentos, el establecimiento de regimenes especiales se asienta en la finalidad que se persigue con el mismo. En la nota al PEN del 27/09/83, que acompaña al proyecto de ley – luego L.22.929 – se destaca la importancia del reconocimiento y estímulo a las actividades de investigación y desarrollo científico tecnológico con estas palabras: “ El estimulo de la investigación y desarrollo científico tecnológico en todas sus orientaciones resulta de interés nacional, por ser factores decisivos en la afirmación de la soberanía y del progreso del país…” en pocas palabras se destaca el esfuerzo que llevan a cabo los profesionales que se dedican por entero a dichas actividades, contra todos los males que afectan a la ciencia en este país – recortes presupuestarios, carencia de becas, falta de equipamiento, etc – y que por razones de “buen gobierno” y de “tutela de los intereses nacionales” se aconseja “proteger” a dicho personal asegurandoles un futuro y un retiro dignos y evitar asi la tan lamentable “fuga de cerebros”. ¿Oportunismo político? ¿por qué se acordaron ahora de los científicos e investigadores? ¿por qué no cinco o diez años atrás? ¿por qué los obligaron a conseguir judicialmente lo que de otro modo no hubieran logrado? ¿por qué los regímenes especiales del Servicio Exterior de la Nación y de los Magistrados de la Nación hace años que volvieron a la vigencia? ¿será que el “Lobby” de los investigadores y científicos no fue tan persuasivo como otros? Sean cuales fueren las respuestas a estos interrogantes, no cabe otra cosa que aplaudir la decisión presidencial. Y aplaudir hasta el cansancio ya que el futuro de la Argentina se encuentra en los jovenes becarios y profesionales que tendrán a partir de hoy un incentivo para quedarse en el país y contribuir a su progreso. Dudas subsistentes. MOVILIDAD – El régimen de la ley 22.929 establece la movilidad como uno de sus beneficios. Sabido es también, que la ley de solidaridad previsional (L. 24.463) ha vedado la movilidad tal y como antes se entendía, “atándola” ahora a la ley de presupuesto anual. Ya que la ley 24.463 – de dudosa constitucionalidad – prohíbe la movilidad, ¿deberán los investigadores batallar por ella ahora? Retroactividad – mientras esperamos la reglamentación del dto 160/2005, sólo podemos suponer que en principio sólo regirá a futuro y que la retroactividad sólo tendrá alcances limitados. ¿generará esto una nueva batalla judicial de aquellos investigadores ya jubilados, habida cuenta que, como expusieramos más arriba, el régimen de la ley 22.929 estaba inconstitucionalemte derogado? APORTES – Se incrementarán los aportes de los científicos en actividad. Aquellos que ya se jubilaron ¿tendran derecho al 85% o sólo accederán al proporcional que determine la suma de lo aportado – en menos – durante estos diez años? DECRETO 78/94 – sigue vigente, pese a que resulta a todas luces opuesto a las prescripciones de nuestra Constitución, ¿que sucederá con él? Prácticamente todos los regímenes que este decreto derogó indebidamente, de una forma u otra “renacieron”. Aquellos que no lo hicieron, son privilegiados. ¿son privilegiados? Hay que estar a la finalidad que se persiguió con su sanción. DECRETO 56/94 – este decreto dispuso la obligatoriedad de opción en el año 1994 “por las AFJP o por el Estado”. Si bien este decreto es formal y sustancialmente válido, porque en su sanción se han respetado las competencias establecidas por nuestra Carta Magna, éste no resulta aplicable a los beneficiarios del la ley 22.929, ya que si decimos que la ley 22.929 nunca fue derogada – con lo fundamentos ya expuestos- entonces los beneficiarios de ella nunca deberían haber hecho la opción prescripta por el dto. 56/94. Ésta obligatoriedad de opción sería inoponible a los investigadores. ¿puede esto último abrir las puertas a aquellos investigadores que quieran volver al Estado? Dejando de lado ya las especulaciones, esperamos que el buen criterio que ha tenido el Ejecutivo al hacer revivir el régimen de la ley 22.929 no se vea desvirtuado en la práctica por una reglamentación que no contemple los puntos enunciados, o que deje grandes lagunas o puntos oscuros que obliguen a los investigadores a un nuevo y costoso periplo judicial para la defensa de sus derechos.

POR ANIBAL PAZ
PUBLICADO EN COMERCIO Y JUSTICIA EL DÍA 23/07/2007

Introducción.
La movilidad propia de los Regímenes Jubilatorios Especiales (RJE) ha sido ya reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en diversos fallos. No obstante ello, el reconocimiento de la existencia de la movilidad no ha tenido acogida expresa en ningún cuerpo legal. Ello ha llevado a los beneficiarios de los RJE a entablar acciones judiciales para obtener el tan anhelado beneficio. Pero queda pendiente el tema de la imposición de las costas a la ANSES. La CSJN tiene ahora la posibilidad de emitir un fallo contundente y definitivo en relación a la imposición de las costas en aquellos procesos en que justamente se discute el tema de la movilidad de las jubilaciones especiales.

Antecedentes.
Recordemos que los casos Craviotto, Gemelli, Siri y Massani de Sese, la CSJN ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto 78/94 que derogó indebidamente los RJE y a su vez ha declarado que tales regímenes se mantienen plenamente vigentes incluyendo la pauta de movilidad de los haberes. Es decir que estos regímenes quedan al margen de las disposiciones de la ley 24.463 de Solidaridad Previsional (LSP).
En primer término, debemos recordarle al lector que los RJE a que nos referimos son los establecidos por las leyes 24.016, 22.731 y 22.929 – y sus modificaciones. Los beneficiarios de dichos regímenes son: a) los Docentes de nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario; b) el personal del Servicio Exterior de la Nación y c) los investigadores, científicos y docentes universitarios con dedicación exclusiva. En los casos a) y b) el haber jubilatorio es del 82% del último salario en actividad. En el caso c) el haber trepa hasta el 85%. Pero en todos los casos la movilidad de dicho haber queda supeditada a que el beneficiario inicie las acciones legales correspondientes.

Recordemos en segundo lugar que la ley 24.241 que instaura el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) fue modificado por la LSP que ha supeditado la movilidad de los haberes jubilatorios a las partidas presupuestarias que el Congreso de la Nación asigne a tal efecto. Esto en la práctica nunca ha ocurrido y por ello es que en más de una década las jubilaciones permanecieron congeladas. Las jubilaciones mínimas se retocaron eventualmente pasando de $150 a $ 530 en un lapso superior a diez años, pero siempre por Decretos del Poder Ejecutivo y nunca a través de nuevas partidas presupuestarias. Ahora bien, las jubilaciones de más de $1000 se mantuvieron congeladas por más tiempo y han sido incrementadas desde 1994 a la fecha sólo un 11% en 2006 y un 13% en 2007. Sólo desde la salida de la convertibilidad, allá por 2002, la inflación ha sido del orden del 90%: las jubilaciones perdieron de manera notable su poder adquisitivo (recordemos asimismo que los jubilados también sufrieron la quita del 13% a fines de los ´90). A partir del haber correspondiente a julio de 2007 estas jubilaciones se retocarán mínimamente producto del recálculo de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) que ha sido dispuesto por ley 26.222. El incremento porcentual de la PAP no puede medirse en términos generales, ya que variará de acuerdo a la historia personal de cada jubilado, lo que si es seguro, es que el incremento será mínimo.

A raíz de que las jubilaciones han estado congeladas por tantísimo tiempo, la CSJN decidió tomar el toro por las astas: en agosto pasado, el caso Badaro, que oportunamente comenté por este mismo medio, ordenó la instauración de un mecanismo de actualización de los haberes de la clase pasiva. Tanto el Ejecutivo como el Congreso desoyeron el reclamo de la CSJN y, en vez de diseñar un mecanismo de actualización automático de los haberes (por ejemplo según el índice general de las remuneraciones o el índice de inflación, etc.), decidieron el aumento ya mencionado del 13% para 2007 y la Reforma Previsional de la ley 26.22, cuya implementación está en pleno auge. Pero con ello no basta para nuestra clase pasiva.

Por todo ello es sumamente importante que quienes resultan beneficiarios de algunos de estos RJE reclamen judicialmente por la movilidad de sus haberes. Ya que es en realidad la movilidad lo que hace la gran diferencia, y no el 82 u 85 %, ya que el haber – a las tasas inflacionarias actuales – en un lapso de dos o tres años pierde entre el 20 y el 30% de su poder adquisitivo. Las alternativas son dos: a) jubilarse con el 82 u 85 % y esperar a que se dispongan aumentos generales – lo que ha ocurrido 2 veces en 15 años, como ya se explicó; o b) iniciar acciones legales para obtener la movilidad del haber jubilatorio, y, de esta manera, cada vez que se incrementa el salario de los activos, en la misma proporción debe incrementarse el haber de los pasivos.

Así es que los beneficiarios de RJE han batallado y obtenido los resultados esperados. Pero con una salvedad: las costas del proceso se impusieron siempre por el orden causado. La LSP dispone que cuando ANSES es llevado ajuicio por cuestiones previsionales las costas las debe soportar cada parte en lo que le corresponde, sin perjuicio del resultado del juicio. De esta manera se aparta la LSP del principio general que rige para todo tipo de juicio: las costas del proceso debe soportarlas la parte perdidosa, en otras palabras, el que pierde el juicio paga. Esto es una notoria injusticia para el ganador del pleito, quien debe en primer término luchar por sus derechos, para obtener indefectiblemente el visto bueno del juez de turno quien le dará la razón. Pero sabiendo esto ANSES siempre obliga a los beneficiarios de RJE a litigar, ya en definitiva no cargará con las costas del proceso. Es en este punto donde se le presenta una nueva ocasión a la CSJN para hacer justicia de una vez por todas y dejar sentado que, para el caso de los beneficiarios de RJE, las costas las pagará quien pierde el juicio: ANSES.

La cuestión de las costas.
Hemos dicho que la LSP crea un privilegio inadmisible en favor de ANSES en cuestión a las costas del proceso donde dicha ley se aparta del principio general de que serán impuestas de acuerdo al criterio objetivo de la derrota. Esto favorece la desidia de la ANSES ya que dilata injustificadamente los juicios y, en lugar de allanarse a las pretensiones de los litigantes, sabiendo con toda seguridad de que perderá el pleito, (teniendo en cuenta la unanimidad de la doctrina y la jurisprudencia actuales) obliga al beneficiario a llevar adelante un largo y costo proceso judicial.

En este marco se inscribe el Caso Bernardello, que ha sido resuelto recientemente por la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS), confirmando íntegramente el fallo original emitido por el Juzgado Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdoba.
En este caso se dispone que las costas sean soportadas por ANSES ya que la LSP resulta inaplicable para el supuesto de beneficiarios de RJE por cuanto las disposiciones de la ley 22929 conforman un régimen jubilatorio especial y autónomo en relación con el SIJP.

La LSP dispone un procedimiento específico mediante el cual, quienes pretenden impugnar los actos administrativos de ANSES, deben acudir ante los distintos juzgados federales. Es este procedimiento de carácter excepcional, de interpretación restrictiva, el que impone siempre las costas por el orden causado. Resulta que en el caso en cuestión no existe ningún acto administrativo por impugnar, ya que el actor no se encuentra jubilado, sino que está en actividad y oportunamente interpuso una acción declarativa (art. 322 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación [CPCCN]) para saber a ciencia cierta cual será su situación en el momento en que pase a retiro en algunos años. La cuestión de fondo en este caso fue resuelta tal como lo esperaba el actor: se le reconoce plenamente vigente la pauta de movilidad para su futuro haber jubilatorio. Y adicionalmente en ambas instancias se deja de lado el procedimiento de la LSP y se aplica el CPCCN en su plenitud: las costas las carga quien pierde, esto es ANSES.

Así es que ANSES concurre en recurso extraordinario por ante la CSJN para la revisión del fallo en lo relativo a las costas solicitando la aplicación de la LSP.
El planteo de ANSES es simple: siempre que ANSES se encuentre en juicio por cuestiones previsionales debe aplicarse el procedimiento dispuesto por la LSP en detrimento del CPCCN, sin distinciones, por tratarse de una ley de Orden Publico.
Los fundamentos que quien suscribe sostiene en aras de la imposición de las costas a la parte perdidosa son, inter alia, los siguientes:
• En primer término, los RJE son regímenes especiales, autónomos, anteriores a la creación del SIJP, plenamente vigentes en su integridad, y así han sido declarados por la CSJN.
• En segundo lugar, como se sabe, la LSP es modificatoria y complementaria de la ley 24.241 (SIJP). Es decir que sus disposiciones se aplican sólo cuando ANSES es llevada a juicio por cuestiones derivadas de la interpretación, alcance, modalidades, aplicación o ejecución de la ley 24.241.
• Pretender aplicar un procedimiento judicial especial (el de la LSP), dejando de lado nada menos que el procedimiento genérico dispuesto por el CPCCN, a un supuesto que no está contemplado en la misma LSP, es pretender que la norma excepcional posea un alcance mayor al que debe tener. Como toda excepción a la regla debe aplicarse la LSP de manera restrictiva.
• Si la LSP sólo modifica al SIJP, entonces el procedimiento establecido por aquella sólo se aplica en los casos en que ANSES sea llevado a juicio por cuestiones derivadas de la interpretación, alcance, modalidades o aplicación del SIJP. Como los REJ son independientes quedan sujetos a la norma general del CPCCN, por cuanto no han sido expresamente incluidos en la norma excepcional.
• Por otra parte, y aquí la gran contradicción de ANSES, en el caso que analizamos, el procedimiento en su totalidad se ha llevado -desde el mismo inicio del pleito – de acuerdo a las prescripciones del CPCCN, sin que ello haya sido cuestionado en ningún momento por la parte demandada. Recuérdese que se trata de una Acción Declarativa. Por otra parte, el procedimiento de la LSP se abre para impugnar actos administrativos de ANSES, y ya explicamos más arriba que en el caso en cuestión no existen actos administrativos a impugnar, ya que el actor ni siquiera es jubilado. En este caso entonces, que se ha tramitado íntegramente de acuerdo a las prescripciones del CPCCN, y en el cual ni siquiera están dados los requisitos necesarios para la apertura del procedimiento específico diseñado por la LSP, ahora pretende ANSES que se apliquen las costas de acuerdo a lo que dispone ese procedimiento específico, lo cual es absurdo.

Conclusión.
Estamos viviendo una época de reivindicación de los derechos de nuestra clase pasiva. Como ejemplo de lo dicho pueden citarse: a) los numerosos decretos del PEN que dispusieron un incremento de los haberes jubilatorios, que estuvieron congelados por una década, debido a las disposiciones de la LSP 24.463, sumados a la inacción del Congreso Nacional, b) los ejemplares Fallos de la CSJN en casos Itzcovitch, Sánchez, González, etc. que implicaron profundos cambios en los arcaicos criterios sentados en Chocobar c) la ley 26.222 y la Reforma Previsional d) las moratorias previsionales de leyes 24.476 y 25.994, e) el fallo de la CSJN en el caso Badaro, en el cual la Corte le dio un “tirón de orejas” al PEN y al Congreso, sin que éstos al día de la fecha hayan cumplido totalmente lo dispuesto en esa sentencia., f) la ley 26.025, g) la implementación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Seguridad Social a partir del 12/09/2007, que establece un fondo específico para evitar que en un futuro ante eventuales crisis fiscales los jubilados sean la variable de ajuste para; h) el Fallo de la CSJN en el caso Iglesias que se conoció en estos días; etc.
Por todo lo dicho anteriormente es deseable que nuestro más alto tribunal se pronuncie al respecto de las costas en los casos de los beneficiarios de RJE que reclaman la movilidad para sus haberes jubilatorios en base a acciones declarativas de certeza constitucional. Es el momento propicio para sentar definitiva jurisprudencia en el sentido de restringir el alcance del Art. 21 de la LSP 24.463 sólo para aquellos casos en que ANSES sea llevada a juicio por cuestiones derivadas de la aplicación, interpretación, modalidades y/o ejecución de la ley 24241 (SIJP). En los demás casos, como en el que examinamos, donde se discuten cuestiones relativas a regímenes especiales y autónomos, mediante alguno de los procedimientos dispuestos por el CPCCN, LAS COSTAS DEBEN IMPONERSE EN VIRTUD DEL PRINCIPIO OBJETIVO DE LA DERROTA DE ACUERDO A LO NORMADO EN EL ART. 68 DEL CPCCN, máxime cuando en el caso en cuestión la demandada, porfiadamente, nos trajo hasta estas instancias, perjudicando a la parte actora y provocando desgaste innecesario de jurisdicción, a sabiendas de la sinrazón de su planteo, habida cuenta de lo dispuesto por la CSJN en el Caso Craviotto, previo al inicio de la acción judicial interpuesta.