La Sala I de la CNAT confirmo la medida cautelar dictada en  Alessio Ángel Rodolfo c/ Universidad Tecnológica Nacional – sumarisimo” Juzgado nacional en lo Laboral N° 32 [causa 37944/11].

Por su parte la Sala V de la CNAT confirmo la dictada en: Muntaner Nestor c/ Universidad Tecnológica Nacional – sumarisimo 37496/2011 -Juzgado Nacional en lo Laboral N° 32

Toda la informacion relacionada en los siguientes enlaces:

Nueva orden judicial para reincorporar a Docente Universitario Interino amparado por tutela sindical

Ordenan reincorporar a Docente Universitario Interino amparado por tutela sindical

Véase tambien:

ADIUC c/Universidad Nacional de Córdoba – amparo sindical

[Nota: Todas las causas que se citan en este posto son patrocinadas por los Dres. Paz y/o Profumo]

En la causa “FAGDUT C/ UTN DTO 1470/98  s/PROCESO DE CONOCIMIENTO [Expte 47578/10]” que se tramita en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, Secretaria 9, sito en calle Tucumán 1381 4° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  con fecha 31-10-2011 se ha dictado la siguiente resolución: “Y Vistos…Y Considerando… Resuelvo: 1- Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica [FAGDUT],  por ende ordenar a la Universidad Tecnológica Nacional [UTN]  a que se mantenga la situación de revista de todos los docentes que han sido intimados en virtud de la alegada situación de incompatibilidades, hasta tanto recaiga sentencia en las presentes actuaciones…”

Ampliaremos proximamente.-

VER COMUNICADO DE FAGDUT

Se trata del docente interino que fue cesanteado de la Facultad Regional Haedo de la Universidad Tecnológica Nacional, pese a tener cargo vigente como miembro de la Comision Directiva de Fagdut Seccional Haedo. Sean docentes interinos u ordinarios TODOS LOS DOCENTES MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA O DE LAS SECCIONALES DE FAGDUT, DELEGADOS Y PARITARIOS, TIENEN TUTELA SINDICAL y en consecuencia sus condiciones de trabajo no pueden ser cambiadas ni alteradas, ni mucho menos puede ser cesanteado sin juicio previo de exclusion de la mentada tutela sindical, basado en justa causa.

En el caso la UTN no respeto los derechos sindicales, ni inicio el juicio previo de exclusion, claro esta, tampoco existe justa causa, toda vez que el docente en cuestion fue reemplazado por otro docente interino, a traves de una seleccion interna, lo que a su vez atentaría contra la ley de Educacion Superior 24521-arts. 51 y 78- y aun en contra del propio Estatuto de la UTN

La medida cautelar podria ser apelada por la  UTN. La apelacion seria al solo efecto devolutivo, con lo cual la medida cautelar mantendra su vigencia mientra se tramita la apelacion, debiendo en consecuencia ser reincorporado el docente.

1- La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba confirmó la medida cautelar dispuesta por el Juez a/c del Juzgado Federal n°3 de Córdoba, desestimando la apelación efectuada por la U.N.C., con lo cual se mantiene la vigencia de la medida cautelar oportunamente dictada.

2- En consecuencia la UNC debe Suspender las intimaciones ya cursadas, a partir del 4 de setiembre de 2009, a los docentes con concurso vencido o interinos, que han alcanzado la edad de 65 años de edad, a iniciar los trámites jubilatorios, y, consecuentemente, a abstenerse de realizar nuevas intimaciones a tal fin; y

3- Asimismo continúan suspendidos en su aplicación de las siguientes normas: Ordenanza 17/HCS/10 (que deroga las Ord. 02/HCS/10, 09/HSC/87 y 03/HSC/06), el Art. 70 del Estatuto Universitario, y las RRCS 227/85 Y RRCS 225/89.

Resumen del caso:

La ADIUC Asociación de Base Inscripción Gremial RMTSS Nº 1112, a través de su Secretario General Eduardo MATURANO y su Secretario Adjunto David DIB, se ha presentado en diciembre de 2010 en la Justicia Federal y ha la medida cautelar señalada, confirmada en esta oportunidad por la Cámara Federal De Córdoba.

La ley 26508 –Régimen Jubilatorio especial para docentes universitarios- permite a los docentes universitarios continuar en actividad hasta los 70 años de edad, a su sola opción. La UNC, a través de las normas que han sido suspendidas, pretende desconocer tal derecho, invocando para ello la autonomía universitaria. La ley 26508 es una norma federal, que comprende a todas las universidades nacionales del país, dictada por el Congreso de la Nación y que versa sobre una materia que es responsabilidad exclusiva del Congreso. Al pretender reglamentar la ley, en sentido contrario a su letra y espíritu, la UNC incurre en un claro exceso reglamentario, que perjudica a los docentes. El derecho a trabajar de los docentes, prevalece frente a la autonomía universitaria.

Trascendencia: la presente medida cautelar sirve de antecedente para todos los docentes universitarios del país, para el caso en que sus derechos pretendan ser desconocidos por sus respectivas universidades. Ya existen otros antecedentes similares en la Justicia.

Carátula: “Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) c/ Universidad Nacional de Córdoba (UNC) s/Acción declarativa de certeza”

Juez: Dr. Alejandro Sánchez Freytes – (subrogante).

Abogado patrocinante: Dr. Aníbal Paz

+ Información:

ADIUC: www.adiuc.org (0351)468-1439

Estudio Aníbal Paz & Asoc: www.estudioanibalpaz.com.ar (0351) 4234335

Otra: www.jubilacion-docente.com.ar

www.derechosdeldocente.com.ar

Pese a que la Cámara  Federal recononocio la existencia de una situacion de incompatibilidad, por tratarse de un docentes que se desempeñaba en dos universidades nacionales [UNR y UNC] con dos dedicaciones exclusiva simultaneas, se decidió que procede el pago de los haberes por todo el tiempo en que presto la doble tarea.

sentencia nº 367/10 del 22 de Julio de 2011, la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba, resuelve “Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Salvador Gigena, y condenar a la demandada a que le abone el sueldo por el cargo de Director del Proyecto de Investigación desde el 1º/03/02 y hasta la fecha de efectivo desempeño de las tareas inherentes al mismo a determinar en la etapa de ejecución de sentencia (art. 165 del C.P.C.N.), con más los reajustes que correspondan por el período que se manda a pagar. A esta suma así obtenida se le deberá adicionar un interés de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el B.C.R.A. desde que es debida y hasta su efectivo pago; ...

“GIGENA, Salvador Daniel Ramón c/Universidad Nacional de Córdoba–Art. 32 Ley 24521 (Expte. Nº 1704/08)”,

proximamente daremos mas detalles sobre esta causa

Referencia a la Res. 2067/11 de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Ver el comentario: “Jubilaciones de docentes universitarios: avances, asistencia juridica y aportes para la discusion”

+ Info:
La autonomía universitaria frente a la ley jubilatoria 26508”

LA LEY 26508 Y LA NUEVA JUBILACION ESPECIAL PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS

Vease también:

Estudio Anibal Paz &. Asoc.

Jubilación Docente

ADEFyN ADHIERE A LA DEMANDA, EN SU CARÁCTER DE ENTIDAD EN PROCESO DE FUSION CON ADIUC.

Fuente: ADEFyN: www.adefyn.com.ar
La ASOCIACIÓN de DOCENTES e INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS de CORDOBA –ADIUC</a>– Asociación de Base Inscripción Gremial RMTSS Nº 1112, a través de su Secretario General Eduardo MATURANO y su Secretario Adjunto David DIB, se ha presentado días atrás en la Justicia Federal y ha logrado una medida cautelar por la cual se ordena a la Universidad Nacional de Córdoba que:

1- Suspenda las intimaciones ya cursadas, a partir del 4 de setiembre de 2009, a los docentes con concurso vencido o interinos, que han alcanzado la edad de 65 años de edad, a iniciar los trámites jubilatorios, y, consecuentemente, a abstenerse de realizar nuevas intimaciones a tal fin; y
2- Suspenda la aplicación de las siguientes normas: Ordenanza 17/HCS/10 (que deroga las Ord. 02/HCS/10, 09/HSC/87 y 03/HSC/06), el Art. 70 del Estatuto Universitario, y las RRCS 227/85 Y RRCS 225/89.

Resumen del caso: La ley 26508 –Régimen Jubilatorio especial para docentes universitarios- permite a los docentes universitarios continuar en actividad hasta los 70 años de edad, a su sola opción. La UNC, a través de las normas que han sido suspendidas, pretende desconocer tal derecho, invocando para ello la autonomía universitaria. La ley 26508 es una norma federal, que comprende a todas las universidades nacionales del país, dictada por el Congreso de la Nación y que versa sobre una materia que es responsabilidad exclusiva del Congreso. Al pretender reglamentar la ley, en sentido contrario a su letra y espíritu, la UNC incurre en un claro exceso reglamentario, que perjudica a los docentes. El derecho a trabajar de los docentes, prevalece frente a la autonomía universitaria.

Trascendencia: la presente medida cautelar sirve de antecedente para todos los docentes universitarios del país, para el caso en que sus derechos pretendan ser desconocidos por sus respectivas universidades. Ya existen otros antecedentes similares en la Justicia.

Carátula:  “Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) c/ Universidad Nacional de Córdoba (UNC) s/Acción declarativa de certeza”

Juez: Dr. Alejandro Sánchez Freytes – (subrogante).

Abogado patrocinante: Dr. Aníbal Paz

+ Información:
ADIUC: www.adiuc.org (0351)468-1439
Estudio Aníbal Paz & Asoc: www.estudioanibalpaz.com.ar (0351) 4234335

ADEFyN: www.adefyn.com.ar
Otra: www.jubilacion-docente.com.ar
www.derechosdeldocente.com.ar

Repercusión en la prensa:

La Voz del Interior

Noticias del Frente

Otro antecedente: Fagdut c/U.T.N.

Esta vez el Juez Federal Dr. Franco Grassi a cargo del Juzgado Federal de la Rioja (subrogante)  dispuso suspender la Asamblea que iba a realizarse el 24-09-10, por diversas cuestiones que se resolverán al tratarse el fondo de la cuestion.

(Cova, Walter y Otros c/Facultad Regional La Rioja de la UTN s/Amparo -medida cautelar)

+ info: www.fagdut.org.ar

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso revocar la sentencia recurrida y rechazar la acción de amparo de la Asociación Docente Ademys contra el GCABA que dispuso el descuento de haberes correspondientes a los días de paro realizados el 17 de julio de 2008 y el 3 de septiembre de 2008.

El juez de trámite, Dr. Luis Francisco Lozano, señaló en su voto que “la huelga recibe una amplia tutela del ordenamiento jurídico, tanto en la persona del trabajador como en la de la asociación sindical” y que “es un derecho y, por tanto, no puede ser causal de sanciones o represalias, ni en el marco del contrato de trabajo ni en el del poder de policía del estado.” No obstante, en lo atinente a la cuestión del descuento de los días no trabajados por paro, indicó que “el ejercicio del derecho a huelga no genera por sí la obligación de pago del salario correspondiente, ni libera al empleador de cumplir con el pago. La normativa mencionada, que consagra el derecho, no zanja esa cuestión y tampoco existen normas de rango inferior que, al regular el derecho a huelga, establezcan una solución al respecto. Por su parte, no altera esa circunstancia que la huelga sea declarada como legítima o ilegítima por la autoridad administrativa, sin perjuicio de la deferencia que, como principio, los jueces deban tener con las decisiones de la autoridad de aplicación, en lo que la ley le asigna competencia. Claro está, que nada impide a una convención colectiva, pactar una solución que imponga el pago de salarios a costa del empleador incluso frente a una huelga”.

En ese orden de ideas, la remuneración se adquiere en el marco de un contrato de índole sinalagmática, como es el de trabajo, cumpliendo las prestaciones a que está obligado frente a su acreedor, el empleador. La central, obviamente, es el servicio o, más precisamente, haber estado dispuesto a ejecutarlo”, para concluir que “si con la huelga el trabajador no ha puesto su trabajo a disposición del empleador, no adquiere el derecho a verlo retribuido . Si, en cambio, la hubiera mantenido, habría adquirido ese derecho”.

Por lo demás, y en relación con las posibles excepciones a la regla anteriormente expuesta, señaló que “no hay elementos en esta causa que permitan suponer verosímil el derecho de los trabajadores a verse remunerados por las jornadas no trabajadas, mientras que nada cabe decir acerca de la repercusión que esa jornada pueda tener sobre otros rubros de la remuneración, que deberían ser examinados en un proceso de pleno conocimiento. Asimismo, debería, en su caso, ser examinado en un proceso de tales características lo relativo al invocado incumplimiento de la integración de la comisión negociadora y establecido previamente si quienes se plegaron mantuvieron su fuerza de trabajo a disposición del recurrente de un modo comprensible para éste.”

El Dr. José Casás, adhirió y agregó que “la acción de amparo interpuesta no puede prosperar, en tanto la parte actora no ha logrado demostrar que el comportamiento del GCBA que se objeta en este expediente —consistente en descontar los haberes correspondientes a los días de huelga (de fechas 17/7/08 y 3/9/08) con relación a los docentes involucrados que no pusieron su fuerza de trabajo a disposición de su empleadora afectando la normal prestación del servicio educativo público— pueda calificarse como arbitrario o portador de un ilegalidad manifiesta —exigencia contemplada en el art. 14 de la CCABA para dar andamiento a la vía procesal elegida—.”

Recordó, además, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que, “en principio, la imposición del pago de los salarios correspondientes a los días en que se desarrollan medidas de acción directa, en ausencia de precepto legal o convencional explícito que contemple el caso, requiere la comprobación de una conducta culpable del empleador (Fallos: 256:305, entre otros)” y que este criterio no se modifica cuando el problema se desenvuelve en el marco de relaciones de empleo público, tal como ha sido sostenido por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia de nuestro país y de otros estados a los que nos une una misma tradición jurídica, como España, Italia y Francia.

La Presidenta del Tribunal, Dra Ana María Conde, adhirió a los votos de sus colegas Lozano y Casás.

Finalmente, para la Dra Alicia Ruiz, que vota en disidencia, “la impugnación del GCBA no tiene entidad constitucional y su recurso debe ser rechazado” porque, según fundamentó, “el descuento de haberes por no poner a disposición la fuerza de trabajo incide en el salario que hace a la subsistencia del trabajador y de su grupo familiar y tiene carácter alimentario. Afectar la retribución de los trabajadores sin dar cuenta de circunstancias que justifiquen esa privación, como sucede en estos actuados, es una violación inaceptable de un derecho consagrado en la CN, con el agravante de que esa lesión conlleva, un plus intimidatorio tendiente a desalentar futuros reclamos. Tanto más significativo cuando es el estado-empleador, a través del Poder Ejecutivo, en el caso, el que pone en marcha prácticas disuasorias y antisindicales (cfr. art. 53, e, ley 23.551) descontando los haberes a los trabajadores que adhirieron a la medida.”

La jueza Gabriela Seijas, titular del Juzgado en lo Contencioso-administrativo y Tributario número 15 porteño, rechazó una disposición del Ministerio de Educación que intimó a una docente de 60 años a iniciar trámites jubilatorios.

La ley especial de jubilación para el personal docente (24016) dispone que tendrán derecho a jubilarse las mujeres de 57 años y los hombres de 60, mientras que el Estatuto Docente permite  alargar el plazo hasta los 60 y 63 años, respectivamente.

A su vez, la ley 24241, que regula el régimen general de jubilaciones, permite a las mujeres ejercer el derecho a trabajar hasta la misma edad que los hombres.

La jueza entendió que por expreso mandato legal, ratificado por la Corte Suprema, en  las cuestiones generales que no estén legisladas de un modo específico y diverso en la ley 24016 o en el Estatuto Docente, deberá aplicarse el régimen general de la ley 24241.

Asimismo, recordó que la normativa constitucional e internacional veda la discriminación en razón del sexo y garantiza el derecho a la carrera en el régimen del empleo público en condiciones de igualdad, valorando que la determinación de un límite etario hasta el que puede desarrollarse válidamente la actividad laboral integra el marco de las condiciones de trabajo que se pretenden tutelar en condiciones igualitarias.

“Rige, así, un plexo normativo que, de modo categórico, exige extremar los recaudos a la hora de interpretar las leyes y reglamentos a fin de evitar conductas que impliquen consagrar un trato no igualitario en razón del sexo”, afirmó Seijas.